La Corte Suprema permitió a la administración de Donald Trump mantener en vigor una política que impide cerrar determinados procesos de deportación, en una decisión que impacta de lleno la manera en que se tramitan los casos migratorios en Estados Unidos.
La política en disputa limita la posibilidad de dar por terminados ciertos procedimientos de deportación ante las cortes de inmigración, un mecanismo que permitía cerrar expedientes pendientes. Con el fallo, la administración conserva esa herramienta mientras los casos siguen su curso ordinario.
La decisión llega en medio de la ofensiva migratoria del Gobierno federal, que mantiene miles de expedientes activos ante los jueces de inmigración en todo el país.
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