Cuatro organizaciones de servicios legales a inmigrantes radicaron este miércoles una demanda en el tribunal federal de Boston para frenar la nueva política del gobierno de Donald Trump que oculta la ubicación de miles de personas detenidas por ICE con órdenes finales de deportación, informó The Associated Press.
La política, adoptada de forma repentina el mes pasado para acelerar las deportaciones, interfiere con el trabajo de los abogados de inmigración al hacer difícil —y a veces imposible— localizar a sus clientes, según la demanda, que pide a un juez bloquear el cambio por considerarlo «ilegal e inhumano».
El recurso impugna la decisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de retirar las ubicaciones del Sistema de Localización de Detenidos en Línea —una herramienta pública que funcionó por más de 16 años— y de instruir a su personal a no revelar el paradero. Según la cobertura de AP, el cambio afectó a más de 16,000 de los cerca de 69,000 detenidos bajo custodia de ICE el mes pasado; la demanda añade que en julio había un promedio diario de 66,904 personas bajo custodia, de las cuales unas 21,700 tenían órdenes finales.
Las organizaciones demandantes son Greater Boston Legal Services, Rian Immigrant Center, Florence Immigrant and Refugee Rights Project y Amica Center for Immigrant Rights, con el respaldo del National Immigration Law Center, el National Immigration Project, la ACLU y la ACLU de Massachusetts. El caso se conoce como Greater Boston Legal Services et al. v. Mullin.
«Nadie debería ser privado de una oportunidad significativa de defender sus derechos porque el gobierno ha hecho imposible que su abogado lo encuentre», expresó Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de Greater Boston Legal Services. Las organizaciones sostienen que muchas de estas personas aún pueden impugnar su detención, pedir la reapertura de sus casos o buscar alivio contra la deportación, pero sin acceso a un abogado podrían perder esa oportunidad antes de ser expulsadas.
ICE y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no han confirmado públicamente el cambio. Han indicado que priorizan la deportación de las personas con órdenes finales y que enfrentan un «número histórico de medidas cautelares» de tribunales que bloquean sus esfuerzos. También han negado que estén desapareciendo a los detenidos, asegurando que estos siguen pudiendo hacer llamadas telefónicas a sus familiares y abogados.
Fuente: Associated Press.