Una grave denuncia de presunto abuso de autoridad rodea el caso de Elvin William Reyes Rosa, el adolescente de 16 años procesado como adulto por el asesinato de su abuela en Guaynabo. Según un reportaje exclusivo del periodista Ray Cruz Santiago, el joven habría recibido una fuerte golpiza mientras permanecía bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), agresión que los denunciantes atribuyen a oficiales correccionales.

De acuerdo con la información recibida por ese medio, la condición de salud del adolescente sería de gravedad. La propia denuncia reconoce, sin embargo, que ese extremo todavía requiere confirmación médica oficial, y al cierre de esta nota el DCR no se había expresado públicamente sobre los señalamientos.

Reyes Rosa enfrenta tres cargos —asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas— por los hechos del sábado 26 de septiembre en el estacionamiento del Santa María Shopping Center, en Guaynabo, donde su abuela, Lourdes Pérez Mercado, de 67 años, murió a consecuencia de múltiples heridas con un arma blanca, y su hermano, Jonathan Jeremy Cabrera Rosa, de 22 años, resultó gravemente herido.

La Fiscalía de Bayamón radicó los cargos el domingo 27 de septiembre, y la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó que el menor sería procesado como adulto. La jueza Nadja G. Banuchi Ramos encontró causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza de $225,000 que el joven no prestó, por lo que fue fichado e ingresado a prisión.

La denuncia de la alegada golpiza surge días después de que la defensa del adolescente alertara en corte sobre su seguridad. El pasado 8 de octubre, durante la vista preliminar en el Tribunal de Bayamón, la abogada Lizette Meléndez Lozada, de la Sociedad para Asistencia Legal, manifestó que el joven siente miedo donde está, que está temblando y que los adultos le dicen cosas y lo molestan, y suplicó al tribunal que Corrección le brindara seguridad. El juez David G. Calderón Cordero ordenó hacer las gestiones pertinentes con el DCR, mientras la Fiscalía aseguró que la agencia mantenía un protocolo activo y que el menor se encontraba en un área solo. En esa misma vista, la defensa adelantó que presentaría una moción al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal por la posible incapacidad mental y/o funcional de su representado.

Al cierre de esta nota no se conocía de una investigación oficial anunciada sobre el alegado incidente ni confirmación médica del estado del joven, quien permanece recluido en espera de los próximos pasos de su proceso judicial.