Santo Domingo. El Senado de la República Dominicana recibió este jueves el anteproyecto de ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), depositado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y recibido por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, en un acto en el que también participó el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías.

La iniciativa busca aprobar el plan nacional y fijar las reglas de su implementación, seguimiento y evaluación, así como su vinculación con los demás instrumentos del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, en el marco de la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Usos de Suelo y Asentamientos Humanos. Según explicó Paliza, la propuesta responde a un mandato constitucional y el documento ya fue conocido y aprobado previamente por el Consejo de Ministros.

«El ordenamiento territorial es, más que un mandato de ley, una obligación de Estado, una obligación país», expresó el ministro, quien subrayó la necesidad de planificar el desarrollo y preservar las fuentes de agua, los medios productivos, los recursos naturales y las zonas turísticas. El plan nacional servirá de referencia para los instrumentos regionales y municipales: más de 60 planes municipales se encuentran en elaboración con asistencia del Ministerio de la Presidencia.

De acuerdo con lo explicado por Matías, la formulación del plan tomó cinco años de consultas en las distintas regiones del país, con participación de sectores sociales, académicos y de la sociedad civil. Entre sus propósitos centrales figuran vincular la planificación territorial con la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, y orientar la ubicación de industrias, viviendas y demás actividades: «que cada actividad económica y social esté en el lugar que le corresponde».

El proyecto dispone que las directrices del PNOT sean obligatorias para las instituciones públicas y sirvan de marco vinculante para los planes regionales, supramunicipales y municipales, y que la inversión pública guarde coherencia con esa estructura territorial. Entre sus líneas de acción están la protección de los suelos de alta vocación agrícola, la conservación de los recursos hídricos, la recuperación de ecosistemas degradados y restricciones de uso en zonas costeras, humedales, manglares y cuencas. En materia de prevención, plantea fortalecer los sistemas de alerta temprana e impulsar la reubicación progresiva de asentamientos y actividades situados en zonas de alto riesgo que no pueda mitigarse.

Por su parte, De los Santos destacó que la iniciativa procura evitar que terrenos de alta vocación agrícola y minera sean ocupados por asentamientos humanos. Anunció, además, que la pieza estará disponible para consulta pública en el sitio web del Senado, para que la ciudadanía pueda conocerla y hacer sus aportes, y que será incluida en la agenda de la próxima sesión para su remisión a comisión: «nosotros somos un Congreso abierto», expresó.

Fuente: Central de Noticias / De Último Minuto.