El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan recibió autorización para emitir citaciones por determinadas violaciones a las normas federales relacionadas con el uso de sistemas de aeronaves no tripuladas, mejor conocidos como drones, en Puerto Rico.
La medida busca atender conductas que pueden comprometer la seguridad aérea y la protección de espacios restringidos en la isla. Entre las infracciones identificadas figuran la operación insegura de drones, los vuelos sin autorización en zonas de exclusión alrededor de pistas aeroportuarias, el uso de aeronaves para fotografiar instalaciones militares protegidas y las operaciones en terrenos o edificios federales restringidos. También se incluyen violaciones al espacio aéreo de defensa nacional y a las restricciones temporales de vuelo.
“A partir del 8 de octubre de 2026, el FBI en San Juan recibió autorización para emitir citaciones por violaciones a las regulaciones sobre sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés). Estas citaciones son notificaciones federales por infracciones que podrían tener consecuencias graves”, indicó el FBI en redes sociales.
La agencia federal exhortó a los operadores a comprobar las restricciones activas en su área antes de cada vuelo. También pidió reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con drones a las autoridades locales o a su oficina de campo en San Juan, llamando al 787-987-6500.
El trasfondo regulatorio es amplio: la Administración Federal de Aviación (FAA) establece que los drones deben cumplir con las reglas del espacio aéreo estadounidense. Aunque muchos vuelos pueden realizarse a menos de 400 pies de altura, operar cerca de aeropuertos puede requerir autorización, y existen instalaciones sensibles y áreas protegidas donde los vuelos están limitados o prohibidos.
Como parte del panorama nacional, el gobierno federal anunció además una restricción temporal de vuelo que prohíbe las operaciones no autorizadas de drones a lo largo de la frontera con México, que entrará en vigor el 19 de octubre y se extenderá por un año, con un proceso de excepciones ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Fuente: El Nuevo Día, con información del FBI en San Juan.