Santo Domingo. El partido Fuerza del Pueblo (FP) pidió suspender las operaciones de extracción de sedimentos en la cola de la presa de Hatillo, sobre el río Yuna, en la provincia Sánchez Ramírez, hasta que se aclaren las diferencias entre el volumen autorizado por el permiso ambiental y las cantidades contempladas en los contratos del proyecto.
Según explicó Paino Abreu Collado, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de esa organización, el permiso VSA09-26-00039, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), permite extraer 100,000 metros cúbicos durante seis meses. Sin embargo, la FP afirma que tres contratos firmados entre diciembre de 2025 y enero de 2026 suman 1,330,694 metros cúbicos, más de 13 veces el volumen autorizado. La organización solicitó detener la extracción, el acarreo y la entrega de materiales mientras se revisan las condiciones del proyecto.
Abreu señaló que la discrepancia debe analizarse también por el valor comercial de la grava y la arena extraídas. De acuerdo con las estimaciones presentadas por la FP, el aprovechamiento de esos materiales podría generar cerca de RD$1,000 millones, luego de descontar los costos de extracción, transporte, procesamiento y comercialización. El dirigente cuestionó que no exista un mecanismo suficientemente claro y competitivo para que el Estado reciba una mayor proporción de esos recursos, y reclamó que se explique si parte de los beneficios se destinará a proteger y restaurar las cuencas hidrográficas.
La organización dijo reconocer la importancia de retirar sedimentos para recuperar la capacidad de almacenamiento de los embalses, pero sostuvo que el trabajo debe realizarse con controles técnicos, ambientales y económicos transparentes. En ese sentido, pidió una revisión técnica y jurídica del permiso con la participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), y solicitó al Ministerio de Medio Ambiente explicar por qué el proyecto no fue clasificado en la categoría A, conforme a la Resolución 0025-2024.
La FP también informó que pidió a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente investigar posibles infracciones a la Ley 64-00, a la Dirección General de Contrataciones Públicas revisar el procedimiento EGEHID-CCC-LPN-2025-0015 y a la Cámara de Cuentas auditar los contratos. Además, reclamó una veeduría ciudadana independiente, con participación de las comunidades del Yuna, la Iglesia y el sector académico. «El río Yuna no puede seguir siendo una cantera y la cola de Hatillo no puede convertirse en el cuerpo de un negocio opaco. Que se publiquen las cuentas, y que cuadren», expresó Abreu.
Fuente: Fuerza del Pueblo, a través de EyR News.