Santo Domingo. La Fuerza del Pueblo solicitó detener de inmediato la extracción, el acarreo y la entrega de materiales en la cola de la presa de Hatillo, en el río Yuna, hasta que una revisión técnica aclare las diferencias que, según esa organización, existen entre el volumen autorizado para el proyecto y las cantidades que recogen los contratos firmados.

El señalamiento lo hizo Paino Abreu Collado, titular de la Secretaría de Medio Ambiente del partido opositor, quien explicó que el permiso VSA09-26-00039, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), permite extraer 100,000 metros cúbicos de sedimentos durante seis meses. Frente a esa cifra, la FP asegura que tres contratos suscritos entre diciembre de 2025 y enero de 2026 totalizan 1,330,694 metros cúbicos, una cantidad más de 13 veces superior a la autorizada.

Para la organización, la discrepancia cobra mayor peso por el valor comercial de la grava y la arena que se obtienen de la extracción. De acuerdo con las estimaciones presentadas por el partido, el aprovechamiento de esos materiales podría generar cerca de RD$1,000 millones, una vez descontados los costos de extracción, transporte, procesamiento y comercialización, por lo que cuestionó que no exista un mecanismo más claro y competitivo que garantice al Estado una participación adecuada en esos beneficios.

La Fuerza del Pueblo aclaró que no se opone a retirar sedimentos para recuperar la capacidad de almacenamiento de los embalses, pero sostuvo que la intervención debe ejecutarse con controles técnicos, ambientales y económicos transparentes, y que debe explicarse si parte de los recursos se destinará a proteger y restaurar las cuencas hidrográficas.

Entre las solicitudes formales, el partido pidió una revisión técnica y jurídica del permiso con participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), que el Ministerio de Medio Ambiente explique por qué el proyecto no fue clasificado en la categoría A conforme a la Resolución 0025-2024, que la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente investigue posibles infracciones a la Ley 64-00, que Contrataciones Públicas revise el procedimiento EGEHID-CCC-LPN-2025-0015 y que la Cámara de Cuentas audite los contratos y sus resultados económicos.

La organización también reclamó una veeduría ciudadana independiente, con participación de las comunidades del Yuna, de la Iglesia y del sector académico, y respaldó la solicitud de información pública hecha por autoridades eclesiásticas de Monseñor Nouel y La Vega sobre los contratos, los estudios ambientales y las consultas comunitarias. «El río Yuna no puede seguir siendo una cantera y la cola de Hatillo no puede convertirse en el cuerpo de un negocio opaco. Que se publiquen las cuentas, y que cuadren», expresó Abreu.

Fuente: Denuncia de la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, divulgada por EyR News.