La Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO) pidió este viernes al Tribunal Federal que obligue a New Fortress Energy (NFE) a brindar acceso a otras empresas a su terminal de gas natural licuado (LNG) de la bahía de San Juan, ante la expectativa de que el cargamento actual se agote este domingo sin que exista una fecha cierta para la llegada del siguiente barco. La gobernadora Jenniffer González había adelantado temprano el viernes la acción judicial.
Lo que pide la moción: información en 24 a 72 horas
El reclamo del 3PPO —en representación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP)— procura que NFE entregue, dentro de 24 a 72 horas, la información técnica necesaria para que otra compañía pueda suplir el combustible a través del terminal. Ese gas alimenta las unidades #5 y #6 de la central termoeléctrica de San Juan, las unidades temporales de esa instalación y la central Palo Seco, en Toa Baja.
Como parte de la moción que reclama una orden de restricción temporal, el 3PPO reiteró al juez federal Pedro Delgado que la naviera Crowley tiene la capacidad de entregar el combustible por camiones durante un periodo de uno a tres días, y que luego, dentro de tres a 20 días, podría dar continuidad al suministro con un barco que atraque frente al terminal. «Por primera vez, la evidencia muestra que el LNG provisto por un tercero puede llegar antes que el de NFE», aseveró el 3PPO. El nuevo recurso se suma a un conflicto que ya llevó al Gobierno a evaluar la cancelación del contrato de $100 millones con la gasífera.
El domingo se acaba el gas del Amur River
La moción se sostiene, en buena medida, en las expresiones de Zak Ahmed, gerente de NFEnergia —la filial de NFE que entrega el gas y opera el terminal—, quien el jueves reconoció ante una comisión de la Cámara de Representantes que no existe una fecha cierta para la llegada del buque que sustituya al Amur River, el almacén flotante de LNG anclado desde el 13 de octubre cuyos abastos se agotarán este domingo. Una portavoz de NFE dijo este viernes que aún no se ha determinado cuándo podría materializarse la llegada del barco de relevo.
El 3PPO planteó además que en lo que va de 2026 ya se superó el tope de $40 millones en penalidades que NFE debe pagar en un año cuando falla en entregar LNG y la flota de Genera PR se ve forzada a operar con combustibles más caros, como el diésel. «El tope de responsabilidad hace más probable el próximo incumplimiento, y la conducta de NFE evidencia su indiferencia», señaló el organismo, que alegó que la gasífera ha ignorado todas sus comunicaciones desde hace varias semanas. Las imputaciones son alegaciones del Gobierno dentro del proceso judicial, que continúa su curso ante el Tribunal Federal.
Fuente: El Nuevo Día.