Ingram, una pequeña ciudad de Texas de apenas 1,900 habitantes, ha visto cómo más de 100 de sus vecinos fueron entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en menos de un año, una cifra que equivale a casi el 10% de su población, según una investigación de ProPublica y N+ Univision divulgada este domingo, 1 de noviembre.
El acuerdo 287(g) que cambió al pueblo
Ingram es una comunidad donde aproximadamente el 45% de los habitantes son latinos, según datos censales. Su policía inició la colaboración con las autoridades federales a través del programa 287(g), que faculta a agentes locales para intervenir en labores de aplicación de las leyes migratorias.
La incorporación al acuerdo fue promovida por el patrullero Jaron Alexander a finales de 2025. Tras formalizarse el acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, los patrulleros intensificaron los operativos en las carreteras de la localidad: en apenas 20 días realizaron 162 paradas de tránsito y, en los dos meses siguientes, superaron el total de intervenciones vehiculares registradas durante todo el año anterior. Para agosto de 2026, los registros citados en la investigación ya contabilizaban 194 incidentes relacionados con asuntos migratorios.
Los casos que indignaron a la comunidad
Entre los episodios que mayor indignación provocaron está el de Ulises Macías, detenido el 28 de diciembre de 2025 durante un operativo en carretera: su arresto dejó en el lugar a su pareja y a su bebé recién nacido, de apenas dos semanas. Otro fue el de Cinthya Carranza, madre soltera y solicitante de asilo, arrestada en un autolavado cuando se dirigía a llevar a sus hijos a la escuela.
La organización defensora de los derechos de los migrantes Will County Resistance advirtió que los operativos afectan la tranquilidad del pueblo. «Muchas personas están siendo acosadas. Se trata de ciudadanos estadounidenses que, por ser hispanos o latinos, también son víctimas de este hostigamiento», señaló su portavoz, Katie Winer.
Familias que no salen y negocios que se vacían
El temor también repercute en la economía local: trabajadores de la construcción estarían modificando sus rutas habituales para evitar la carretera principal, con hasta 90 minutos adicionales de viaje, y residentes que dejan de salir con tranquilidad.
Cristina, propietaria de un restaurante, relató que la afluencia de clientes disminuyó considerablemente: «la mayoría de la gente que mirábamos como clientes desde el día 1, que abrimos, muchos de ellos ya no están aquí o tienen miedo de salir». La situación de Ingram vuelve a poner en el centro del debate el impacto de los acuerdos de cooperación entre las policías locales y el ICE.