El superintendente de la Policía, Joseph González, refirió a revisión el caso del sargento Abiel Soto Méndez, quien fue escolta de Janet Parra cuando esta era secretaria designada del Departamento de Justicia, luego de que el juez federal de distrito Francisco Besosa dejara sin efecto la determinación de la agencia que disponía que el oficial no enfrentaría acciones disciplinarias.
Así lo anunció el gobierno de Puerto Rico en una moción para cumplir con la orden de Besosa, quien preside el caso de la Reforma de la Policía. El abogado de la Uniformada, Gabriel A. Peñagarícano, informó que González refirió el asunto el pasado 8 de octubre a la Superintendencia de Responsabilidad Profesional (SARP), que se encargará de la reevaluación de las recomendaciones hechas por el teniente Miguel A. González Rodríguez, quien estuvo a cargo de la investigación administrativa.
Besosa acogió el planteamiento del monitor federal John Romero, quien señaló que, por disposición del Acuerdo para la Reforma, todo policía está obligado a cooperar con cualquier investigación administrativa. La única excepción sería si el oficial estuvo expuesto a una investigación criminal, lo que no fue este caso, y Soto Méndez tampoco invocó el privilegio de no autoincriminarse. El juez concluyó que la negativa del sargento a responder preguntas justifica disciplina en sí misma.
Según la orden, la Policía abrió una investigación administrativa contra el entonces agente Soto por intentar obtener información del director de seguridad interna y vigilancia electrónica del Distrito del Capitolio. En una llamada del 3 de abril de 2025, Soto Méndez preguntó al sargento José Calderón si sabía quién había visitado recientemente la oficina del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, mientras Parra era evaluada por ese cuerpo para el cargo de secretaria de Justicia. Calderón respondió que no estaba autorizado a revelar esa información e informó del incidente.
Al terminar la pesquisa, el teniente González Rodríguez determinó que no había evidencia suficiente para sostener algunas alegaciones, pero recomendó hallar responsable a Soto Méndez por violaciones a dos artículos del reglamento por negarse a contestar sus preguntas. Esa recomendación no fue acogida por la Oficina de Asuntos Legales de la Policía, decisión que Besosa dejó sin efecto. Si el superintendente sostiene la queja y determina que se justifica acción disciplinaria, se emitirá una Resolución de Cargos y el sargento tendrá notificación y oportunidad de ser escuchado antes de cualquier resolución final.