Un juez federal bloqueó temporalmente este viernes, en Estados Unidos, las nuevas políticas del Gobierno del presidente Donald Trump que organizaciones de derechos de los inmigrantes describieron como un mecanismo para acelerar las deportaciones de niños no acompañados que solicitan asilo, informó Reuters.

Qué ordenó el juez Hurson

El juez de distrito Brendan Hurson, en Greenbelt, Maryland, emitió una orden de restricción temporal que impide a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reducir drásticamente el aviso que reciben los niños para sus entrevistas de asilo y restringir su capacidad de reprogramarlas. Hurson ordenó a la administración restablecer las políticas anteriores del proceso, y su determinación permanecerá vigente hasta el 13 de noviembre, mientras considera si emite un bloqueo de mayor duración.

El fallo se suma a otros reveses judiciales recientes para la política migratoria del Gobierno, como la decisión de una corte de apelaciones que restableció el TPS para los venezolanos a partir del 6 de noviembre.

De 21 días de aviso a menos de 24 horas

Bajo una de las políticas impugnadas, USCIS eliminó el requisito de avisar con 21 días de anticipación y comenzó a notificar las entrevistas a veces con menos de 24 horas. Otra política, adoptada también entre agosto y septiembre, dispuso que las entrevistas solo pudieran reprogramarse demostrando «circunstancias excepcionales», un estándar más estricto que el anterior. El juez concluyó que el aviso mínimo es incompatible con la ley federal de protección a víctimas de trata de 2008, que exige atender las necesidades especializadas de los menores no acompañados, y que el estándar de reprogramación viola la Ley de Procedimiento Administrativo.

La demanda la presentaron hace dos semanas proveedores de servicios legales que representan a niños inmigrantes, entre ellos Amica Center for Immigrant Rights y The Door, que alegan que el Gobierno ejecutaba un plan ilegal para apurar las deportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters. El caso es The Door v. Edlow, número 8:26-cv-04326, ante el Tribunal de Distrito de Maryland.

Fuente: Reuters.