La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidió que la exención temporera del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) sobre los alimentos preparados —la medida con la que la gobernadora Jenniffer González Colón busca aliviar el bolsillo ante el alto costo de la electricidad— no entre en vigor hasta que concluya su evaluación y el Gobierno identifique cómo compensará la pérdida de recaudos.

En una extensa carta dirigida a la gobernadora y a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica, sostuvo que suspender el IVU durante noviembre y diciembre atiende un síntoma, pero no la causa del problema: la falta de generación de electricidad a menor costo. “Una suspensión temporal del IVU no cambia el precio de la electricidad, un precio que los restaurantes seguirán enfrentando cuando venza la suspensión el 31 de diciembre de 2026”, argumentó.

La propuesta fue sometida formalmente a la evaluación de la Junta el 27 de octubre. De acuerdo con una estimación preliminar del Departamento de Hacienda, la exención representaría una reducción de aproximadamente $56.8 millones en recaudos, y el Gobierno todavía no ha identificado una fuente de financiamiento que compense esa pérdida.

Mujica cuestionó además que es la segunda ocasión en el año en que se anuncia una medida de alivio contributivo fuera del proceso presupuestario, antes de determinar su costo o su efecto sobre el presupuesto certificado y el plan financiero a cinco años. “El problema no es la cifra de esta propuesta; el problema es la práctica”, lee la carta.

Según el director ejecutivo de la JSF, los precios de la electricidad bajarán cuando disminuya el costo del combustible o cuando Puerto Rico incorpore fuentes de generación más económicas, como los proyectos de energía renovable, la conversión de plantas a gas natural y la instalación de nueva capacidad con ese combustible. También instó al Gobierno a entablar un “diálogo productivo” para encontrar soluciones fiscalmente responsables.

Entre las peticiones concretas de la Junta figuran: promulgar como ley durante esta sesión los Proyectos de la Cámara 1391 y 1392 —las salvaguardas fiscales pendientes—, suplementar la determinación administrativa propuesta identificando las fuentes específicas de financiamiento no recurrentes que compensen la totalidad de su costo, y comenzar una discusión sobre una reforma contributiva integral y un plan financiero a cinco años.

La gobernadora había presentado la exención —que entraría en vigor como determinación administrativa del secretario de Hacienda— como un alivio inmediato para consumidores y negocios durante el trimestre en que la tarifa residencial asciende a 33.86 centavos por kilovatio hora, la cifra más alta registrada desde 2020. Por ahora, la medida permanece bajo evaluación y no cuenta con el aval necesario para comenzar el 1 de noviembre.

Fuente: El Nuevo Día y ABC Puerto Rico, con la carta del director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert F. Mujica.