El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, solicitó este lunes, 2 de noviembre, frenar la propuesta de regla federal que pudiera eliminar la identificación por raza, etnia y orientación sexual del cuestionario del Censo, alterar los criterios para identificar la «residencia habitual» de cada persona y autorizar el uso de récords tributarios para contar a la población de Puerto Rico y de la diáspora.
La carta en el último día de comentarios
En una carta enviada a la Oficina del Censo en el último día del período de comentarios sobre la propuesta, Hernández exhortó a la jefatura de la agencia a abstenerse de «finalizar los cambios propuestos sin antes resolver sus implicaciones legales, metodológicas y operativas para Puerto Rico». «Nos preocupa que esta propuesta limite la información demográfica esencial que se recopila sobre nuestra población. Sin datos precisos, se hace más difícil identificar las necesidades de nuestras comunidades y priorizar lo básico: los servicios, los recursos y la atención que nuestra gente necesita», indicó.
Como esta casa reportó cuando una coalición de organizaciones advirtió que los cambios al Censo 2030 podrían afectar los fondos federales de Puerto Rico, para la isla pudiera estar en juego el acceso a millones de dólares en programas federales que se distribuyen según los datos del conteo decenal. La propuesta de la administración del presidente Donald Trump fue presentada en septiembre.
La diáspora y las planillas federales
Hernández argumentó que la afirmación de la identidad puertorriqueña es especialmente relevante para las personas de la diáspora nacidas fuera de Puerto Rico: «La información sobre el lugar de nacimiento por sí sola no permite identificar a la segunda, tercera o subsiguientes generaciones de origen puertorriqueño que residen en los estados», señaló. También sostuvo que usar las planillas federales como identificación de residencia «requiere especial consideración» en Puerto Rico, porque la abrumadora mayoría de los residentes de la isla solo somete sus planillas al Departamento de Hacienda local y no está obligada a presentar una declaración federal: «La ausencia de una declaración de impuestos federales sobre la renta individual no indica necesariamente que una persona carezca de una residencia válida en Puerto Rico», precisó.
El comisionado residente añadió que cerca del 40% de los hogares o estructuras de la isla no tienen direcciones físicas convencionales, lo que complica usar registros administrativos para verificar residencias. Por su parte, la organización Right to Democracy también se opuso a las reglas: «Eliminar las preguntas sobre raza y etnicidad destruye una importante fuente de información detallada sobre las comunidades puertorriqueñas en los estados y sobre las identidades afroboricuas y otras identidades raciales dentro de Puerto Rico», indicó su codirectora, Adi Martínez Román.
Fuente: El Nuevo Día (corresponsalía en Washington). (Sigue leyendo...)