El Gobierno ordenó entregar a la justicia estadounidense a tres ciudadanos, mediante los decretos 716-26, 717-26 y 718-26 firmados por la vicepresidenta Raquel Peña, encargada del Poder Ejecutivo.
Darío Bautista es requerido por un tribunal federal del Distrito de Puerto Rico, acusado de asociación para importar cinco kilogramos o más de una sustancia con cocaína detectable.
Ramón Joaquín Romero Bastardo es reclamado por una corte del Bronx, Nueva York, por cargos que incluyen asesinato en segundo grado, agresión y posesión ilícita de un arma.
Luis Arismendy Paca Méndez es solicitado por un tribunal federal del Distrito Este de Nueva York por presunta asociación para cometer fraude electrónico.
Las entregas quedaron condicionadas a que Estados Unidos cumpla la garantía prevista en el tratado de extradición entre ambos países.