Un proyecto de ley radicado a petición de la Federación de Alcaldes busca permitir que policías estatales retirados se incorporen a las uniformadas municipales cobrando por sus servicios sin que se les suspenda la pensión.

El Proyecto del Senado 1595, del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, crearía el programa Veteranos en Apoyo a la Labor de Orden y Resguardo (VALOR), abierto a pensionados del sistema de rango de la Policía de Puerto Rico retirados por edad o años de servicio que lleven al menos un año fuera del servicio activo.

«Los municipios necesitamos personal para cubrir turnos, retenes, mantener el patrullaje y atender las llamadas de emergencias de los ciudadanos. Esta medida permitiría incorporar policías con experiencia que todavía tienen la capacidad y la disposición de servir, sin exigirles que renuncien a su pensión», expresó Gabriel «Gaby» Hernández Rodríguez, presidente de la Federación y alcalde de Camuy.

La participación sería voluntaria para el retirado y para el municipio. El proyecto no fija edad mínima ni máxima, pero exige aprobar evaluaciones físicas, mentales, psicológicas y de conocimientos policiales, excluye a los pensionados por incapacidad y requiere acreditar entre 27 y menos de 40 créditos del Seguro Social al solicitar.

La Policía tendría 60 días para resolver la certificación de elegibilidad, que duraría dos años y cuya renovación exigiría repetir las evaluaciones. Los alcaldes harían los nombramientos especiales mediante contratos escritos de hasta un año, renovables, y el retirado conservaría íntegra su pensión mientras el municipio paga la remuneración del nuevo puesto, sin exceder el salario asignado al rango municipal y cumpliendo con el salario mínimo y las horas extras aplicables.

Los municipios financiarían los empleos con fondos propios presupuestados o propuestas federales mediante ordenanza, y reembolsarían a la Policía el costo de las evaluaciones. El nuevo servicio no aumentaría la pensión gubernamental ni generaría beneficios adicionales en ese sistema de retiro. La medida también exigiría informes anuales de los municipios sobre los participantes nombrados.

Fuente: El Nuevo Día