Seis personas fueron acusadas este miércoles en Massachusetts de participar en una presunta red que arreglaba matrimonios falsos para que inmigrantes obtuvieran la residencia permanente en Estados Unidos, un esquema que, según la Fiscalía Federal, operó desde Fall River durante al menos una década y cobraba entre $38,000 y $40,000 por cada matrimonio.

Los acusados son Jennifer Gonzalez, de 43 años; Erica Daniels, de 29; Chreise Alejandro, de 39; y Amara Pugh, de 31, todas de Fall River; Jessica Tavares, de 31, de Attleboro; y Jaylin Hill, de 26, también de Fall River. Cinco fueron arrestados la mañana del miércoles y Hill ya se encontraba bajo custodia estatal por un caso de armas de fuego. Todos enfrentan cargos de conspiración para albergar a extranjeros en situación irregular, albergarlos, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial.

De acuerdo con la acusación, Gonzalez dirigía el negocio y pagaba a ciudadanos estadounidenses para que se casaran con sus «clientes». Luego, según los fiscales, les enseñaba a aparentar un matrimonio real: les hacía abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar seguros de vida, tomarse selfies juntos y preparar durante tres o cuatro meses los documentos que presentarían ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Con cada cliente firmaba, además, un «contrato» por el arreglo.

La fiscal federal Leah B. Foley calculó que la red arreglaba entre 18 y 20 matrimonios al año y que, de confirmarse las cifras de la investigación, habría generado más de $6 millones. La propia Gonzalez, siempre según la acusación, se casó dentro del esquema, recibió más de $124,000 en beneficios del programa SNAP sin declarar esos ingresos y utilizó las ganancias para comprar negocios y propiedades en República Dominicana.

Los cinco arrestados el miércoles tenían pautadas sus comparecencias iniciales esa misma tarde ante la corte federal de Boston. La investigación continúa abierta, por lo que las autoridades no descartan nuevas acusaciones. Se trata de cargos alegados: los acusados se presumen inocentes hasta que un tribunal pruebe lo contrario.