La Asociación de Abogados Puertorriqueños (PRBA, en inglés), que agrupa a los juristas boricuas en el estado de Nueva York, planteó este lunes, 2 de noviembre, su oposición a la reforma judicial contenida en el Proyecto del Senado (PS) 1096 e instó a la gobernadora Jenniffer González a vetar la medida, por entender que socava la independencia de los tribunales de Puerto Rico.

«La independencia judicial es protección del pueblo»

En su carta, la organización aseguró que su oposición responde a un «profundo compromiso» con la preservación de la independencia judicial, que más allá de ser un «privilegio institucional» delegado a los jueces, es «protección fundamental que pertenece al pueblo», porque «garantiza que toda persona que ingrese a una sala de justicia tenga acceso a un tribunal justo e imparcial, libre de influencias políticas indebidas, excesos gubernamentales o interferencias externas».

Según la PRBA, el PS 1096 plantea delegar gran parte de las facultades administrativas de la jueza presidenta al pleno del Tribunal Supremo, una redistribución que levanta preocupaciones sobre la separación de poderes y sobre el alcance de la Asamblea Legislativa para enmendar mandatos constitucionales por vía ordinaria. «Una alteración fundamental de la estructura de gobernanza constitucional del poder judicial no puede realizarse mediante legislación ordinaria cuando lo que se requiere es una enmienda constitucional», señala la organización fundada en 1957. Como esta casa contó cuando la reforma judicial llegó a La Fortaleza entre pedidos de veto, la medida lleva días sumando voces en contra.

Se suman a los profesores de Derecho de la isla

La PRBA se solidarizó con la expresión de más de un centenar de profesores de las tres escuelas de Derecho de Puerto Rico, quienes también pidieron a González vetar el proyecto, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. La asociación reconoció que «reforma judicial significativa podría ser necesaria para fortalecer la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia», pero considera que debe hacerse «mediante un proceso reflexivo, inclusivo y constitucionalmente sólido».

El grupo indicó, además, que su «responsabilidad de defender el estado de derecho trasciende las fronteras geográficas», porque «las amenazas a la independencia judicial en la Isla repercuten en nuestras comunidades aquí en Nueva York». «Un poder judicial independiente es indispensable para una democracia que funcione, y cuando la independencia de nuestros tribunales se ve amenazada, los derechos de todos los ciudadanos se ponen en peligro», concluye la carta, firmada por la presidenta de la PRBA, Lillian Mosley. El PS 1096 fue aprobado por la Cámara y el Senado el pasado 22 de octubre y enviado al día siguiente a la consideración de la gobernadora, quien tenía 10 días para firmarlo o vetarlo, por estar la Asamblea Legislativa en sesión.

Fuente: El Nuevo Día. (Sigue leyendo...)