La Oficina de la Contralora de Puerto Rico reveló este lunes, 2 de noviembre, que los sistemas de retiro del gobierno emitieron entre 2020 y 2025 un total de $13,257,577 en pagos a pensionados que ya habían fallecido, en desembolsos que en algunos casos continuaron más de una década después del deceso por la ausencia de mecanismos para detectarlo a tiempo.
56,712 pagos a 9,180 cuentas
Según el informe de la investigación, «se realizaron pagos indebidos por $13,257,577 a 9,180 cuentas de pensionados después de transcurridos más de 60 días del deceso, y la ausencia de notificación del deceso». En total se identificaron 56,712 pagos, tras comparar las bases de datos de los sistemas de retiro con la base de defunciones del Registro Demográfico para los fallecimientos registrados entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 2025, detalló la contralora Carmen Vega Fournier.
Los hallazgos abarcan cuatro sistemas: el de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), el Sistema de Retiro para Maestros y el Fideicomiso de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR). En la ASR se efectuaron 24,380 pagos por $8,793,181 a 5,658 cuentas, luego de transcurridos entre 61 y 12,914 días —35 años— del fallecimiento; en Maestros, 24,682 pagos por $2,418,436 a 3,193 cuentas; en la AEE, 1,424 pagos por $1,055,888 a 201 cuentas; y en la UPR, 802 pagos por $990,072 a 128 cuentas.
Un pensionado muerto en 2016 cobró 93 cheques
El informe documenta casos extremos: un pensionado fallecido el 1 de febrero de 2016 recibió 93 pagos mediante cheque hasta el 31 de agosto de 2026, por $75,462, y «se validaron algunos cheques endosados y depositados en un banco del estado de Kansas». Además, al 31 de diciembre de 2025 todavía se pagaba la pensión de 17 cuentas de beneficiarios fallecidos, y 16 de ellas reflejaban pagos hasta el 31 de agosto de 2026 por $128,899. En una muestra de la ASR, a 32 pensionados fallecidos se les efectuaron 339 depósitos por $91,897 en una tarjeta de débito («payroll card»), lo que permite su uso por parte del portador.
Recomiendan detener los pagos y recobrar el dinero
La Contralora concluyó que una falta de control y de acuerdos con el Registro Demográfico pudo contribuir a los desembolsos indebidos, y recomendó a los sistemas implantar mecanismos eficaces para identificar oportunamente el fallecimiento de pensionados y beneficiarios, detener los pagos y orientar sobre las responsabilidades de notificación. También exhortó al Departamento de Justicia a considerar los referidos y tomar acción legal para recobrar los fondos pagados indebidamente. «La coordinación ágil entre los sistemas de retiro, el Registro Demográfico y las entidades financieras es indispensable para proteger el erario», aseguró Vega Fournier.
Fuente: El Nuevo Día, con información de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico. (Sigue leyendo...)