Residentes de un edificio de apartamentos con renta estabilizada del Upper West Side de Manhattan denunciaron que viven con miedo desde que su casero llegó a un acuerdo con la ciudad para destinar parte de las unidades a personas sin hogar y exconvictos sin avisarles, según publicó el New York Post este lunes, 2 de noviembre.

Hasta 23 apartamentos, según el acuerdo de 40 años

Los miembros de la asociación de inquilinos del 126 W. 86th St. dijeron que fueron tomados por sorpresa por el acuerdo del edificio con la ciudad, que permite llenar hasta el 30 % de sus 72 unidades de renta estabilizada —hasta 23 apartamentos— con adultos de difícil ubicación, incluidas personas con uso activo de drogas y enfermedades mentales recién salidas del sistema de albergues, a través de programas respaldados por el alcalde Zohran Mamdani como The Fortune Society, sin trabajadores sociales ni supervisión en el lugar, según los residentes.

Funcionarios del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) y el director ejecutivo de Sisters of Charity, Matthew Janeczko, dijeron a los residentes en una reunión que las ubicaciones se limitarían estrictamente a ocho unidades, pero el acuerdo de 40 años revisado por el Post permite expresamente reservar hasta el 30 %. El contrato, aprobado por el Concejo Municipal en 2024, también subsidia al casero con pagos de hasta $6,000 mensuales por ubicación. El edificio, antes de una iglesia ya desaparecida, pasó en 2023 a una corporación de fondo de desarrollo de vivienda (HDFC) a cambio de cancelar más de $2.3 millones en deuda de impuestos sobre la propiedad.

Los residentes describen caos; la ciudad dice que escucha

Seis inquilinos entrevistados por el Post —todos bajo anonimato por temor a represalias— describieron uso de drogas al aire libre, intrusiones y presunta prostitución como parte de su vida diaria, y la asociación afirmó en un comunicado que «muchos inquilinos viven con miedo por su seguridad». Según los residentes, una de las personas ubicadas ha sido arrestada tres veces desde que se mudó en 2024, incluidas dos por apuñalamientos. El complejo aún arrastra el trauma del asesinato en 2023 de su vecina María Hernandez, de 74 años, a manos del superintendente exconvicto del edificio, contratado sin verificación de antecedentes.

Un portavoz del HPD dijo que los funcionarios «están escuchando las preocupaciones de los residentes», que se nombró una nueva compañía administradora y que se explora traspasar el edificio a una organización sin fines de lucro con mayor capacidad. Las denuncias descritas son alegaciones de los inquilinos recogidas por el Post.

Fuente: New York Post. (Sigue leyendo...)