El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump ha mostrado disposición a intervenir directamente en las elecciones de medio término de este martes, rompiendo con décadas de práctica destinadas a evitar la apariencia de que sus poderes policiacos se usan para beneficiar a un partido o a un candidato, según un análisis de Reuters publicado este lunes, 2 de noviembre.
California: unas 20,000 boletas por correo en la mira
En California, el Departamento de Justicia buscó que se apartaran las boletas por correo de unos 20,000 votantes que, alega, probablemente no son ciudadanos estadounidenses y no serían elegibles para votar, y demandó registros en una pesquisa criminal relacionada. California ha respondido que ya aplica medidas para impedir el voto de no ciudadanos y que el Departamento no tiene autoridad para bloquear votos.
En Alaska, el Departamento intensificó una investigación criminal sobre si un candidato con el mismo nombre del senador republicano Dan Sullivan entró a la contienda para confundir votantes, y pidió bloquear la certificación si el incumbente perdía por poco margen. Una jueza federal desestimó esa demanda el domingo y el Departamento apeló. Los tribunales ya han rechazado las demandas del Departamento contra ambos estados.
«Está haciendo cumplir la ley», dice Justicia; los críticos ven parcialidad
El fiscal general Todd Blanche sostiene que los esfuerzos son legales y buscan proteger la integridad del voto. «El Departamento no está ayudando a ninguna campaña. Está haciendo cumplir la ley», dijo su portavoz, Kiersten Pels. Los críticos advierten, en cambio, que la intervención puede acelerar cualquier intento de Trump de sembrar dudas sobre unas elecciones que decidirán el control del Congreso y decenas de gobernaciones.
«Para que se confíe en sus decisiones, el Departamento tiene que asegurar que la gente entienda que no toma partido en disputas partidistas», dijo Peter Keisler, fiscal general interino bajo el presidente republicano George W. Bush. Según exfuncionarios citados por Reuters, la administración redujo la Sección de Integridad Pública —el equipo de expertos en ley electoral que aconsejaba esperar a la certificación antes de intervenir— y eliminó el requisito de consultarla en las pesquisas electorales.
Fuente: Reuters. (Sigue leyendo...)