La gobernadora Jenniffer González Colón firmó este lunes, 2 de noviembre, la Ley 218-2026, que permite a padres, madres, tutores y encargados de personas con impedimentos utilizar las filas de servicio expreso y los turnos de prioridad en las agencias de gobierno sin necesidad de que la persona bajo su cuidado los acompañe, informó El Nuevo Día.

Qué cambia con la Ley 218-2026

La medida, de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, enmienda la Ley Uniforme sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad de 2018. Los padres o encargados recibirán atención preferente siempre que acrediten con identificación o documentación que cumplen los requisitos. «Una madre o un padre no debe tener que exponer a su hijo a un ambiente que pueda afectar su salud para recibir un servicio con prioridad», expresó la gobernadora.

La legislación incluye expresamente a la Rama Judicial entre las entidades obligadas a adoptar el sistema, incorpora a la Oficina de la Procuradora de la Mujer y a la Oficina del Procurador del Ciudadano como organismos veladores de su cumplimiento, y dispone que las filas expreso deberán estar disponibles y en funcionamiento en todo momento. La Defensoría de las Personas con Impedimentos tendrá 30 días para preparar y circular el afiche informativo correspondiente.

Ley 219-2026 y un veto en la misma jornada

La mandataria también convirtió en la Ley 219-2026 el Proyecto de la Cámara 998, de la representante Estrella Martínez, que declara esenciales los servicios de cuidado sustituto para adultos mayores y adultos con diversidad funcional y da prioridad al trámite de pagos por servicios subvencionados durante estados de emergencia.

Por otro lado, vetó el Proyecto de la Cámara 598, del representante Joel Franqui Atiles, que buscaba crear la «Ley de Tratamiento Alternativo para Reclusos en Instituciones Carcelarias» para incluir la atención plena como método alterno de tratamiento. Según la gobernadora, existen discrepancias entre el propósito y el contenido de la medida, además de un impacto fiscal no presupuestado para el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Fuente: El Nuevo Día. (Sigue leyendo...)