Cinco empresas de transporte escolar solicitaron formalmente a la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG) que revoque la adjudicación de la subasta que contratará el servicio para el próximo año en el sistema público y que se convoque una nueva licitación, al alegar actos de arbitrariedad y exceso de autoridad en la selección de las compañías agraciadas.

Las cinco empresas y por qué quedaron fuera

Las apelantes son Cotto Bus Line, Transporte A. Cruz, Transporte Escolar SR, Transporte Escolar Víctor y Transporte Rosado, y las propuestas de las cinco fueron rechazadas en el proceso. En su recurso, presentado el 23 de octubre, sostienen que la Junta de Subastas evaluó requisitos que no fueron explicados de forma correcta, aceptó propuestas incompletas de unos proponentes y de otros no, y permitió que unas compañías corrigieran errores mientras a otras se lo negó.

El detalle del recurso lo ilustra caso a caso: las ofertas económicas de Cotto Bus Line y Transporte A. Cruz fueron descartadas porque excedían un «margen de razonabilidad» que, según los apelantes, nunca se discutió; a Transporte Escolar SR se le rechazó la propuesta porque su fianza de licitación tenía un plazo de 90 días, en vez de los 180 exigidos; Transporte Rosado quedó fuera por la falta de una firma en un anejo y por incluir las iniciales incorrectas; y Transporte Escolar Víctor no presentó la evidencia electrónica de su fianza, aunque sí la entregó en papel, una deficiencia similar que otros licitadores sí pudieron subsanar, argumenta el recurso.

Una adjudicación enmendada en plena revisión

La subasta se lanzó en marzo y la Junta de Subastas de la ASG emitió su resolución de adjudicación el 11 de septiembre. Posteriormente, el 2 de octubre, aprobó una resolución enmendada que seleccionó 147 propuestas. El problema, según los apelantes, es que esa enmienda se emitió cuando al menos uno de los recurrentes ya había presentado su recurso de revisión, por lo que la Junta —alegan— actuó en exceso de sus facultades y sin jurisdicción, y la Junta Revisora abusó de su discreción al validar la actuación y desestimar el recurso que ya había acogido.

Las empresas también señalan que la ASG aseguró al inicio, en reuniones y respuestas escritas, que no existían parámetros máximos ni mínimos para las tarifas, y luego comenzó a referirse a un estudio económico que no divulgó. «El tema de oferta económica, desde el inicio, fue una combinación de contradicciones e información no certera», lee la apelación, que invoca la Ley 73-2019, la ley orgánica de la ASG. Son alegaciones de las empresas recurrentes que la Junta Revisora tendrá que evaluar; no son determinaciones de un tribunal.

Lo que responde la ASG y lo que está en juego

La administradora de la ASG, Karla Mercado, indicó el 20 de octubre, en entrevista con El Nuevo Día, que en el proceso de revisión se descartaron señalamientos de colusión entre licitadores, pues se corroboró que había oficiales entre compañías con los mismos nombres, pero que eran personas distintas.

El servicio en disputa mueve cada día lectivo a miles de estudiantes del sistema público —el mismo sistema donde, según un informe reciente, tres de cada cuatro maestros consideran que la educación ha empeorado en Puerto Rico—, por lo que el desenlace del recurso definirá bajo qué contratos operarán las guaguas escolares el próximo año.

Fuente: El Nuevo Día. Fotografía de archivo.