La revisión del salario que reciben los meseros y otros trabajadores que cobran por propina en Puerto Rico quedó en el aire luego de que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo quedara inoperante al no contar con suficientes miembros para realizar sus trabajos, según se conoció este domingo, 1 de noviembre, en un asunto que también afecta a obreros agrícolas y empleados exentos.

La comisión fue creada por la Ley 47 de 2021, la misma legislación que elevó de forma escalonada el salario mínimo general de la isla hasta $10.50 por hora. Sin embargo, para ciertos grupos laborales, como los meseros, el subsalario mínimo que sirve de base a su paga no se revisa desde 1991.

Un organismo de siete miembros reducido a cuatro

El cuerpo evaluador debe contar con siete integrantes y necesita cinco para constituir quórum y poder aprobar decisiones. Tras la salida del representante del sector patronal, se quedó con solo cuatro miembros: puede atender asuntos administrativos, pero no aprobar válidamente una acción colegiada ni emitir un decreto mandatorio.

Organizaciones sindicales y sin fines de lucro identificaron al representante patronal que renunció el mes pasado como Jaime Núñez y exigieron a la gobernadora Jenniffer González que nombre cuanto antes a las tres personas que faltan para ocupar las plazas vacantes. El comisionado Iyari Ríos González, miembro de la Comisión, indicó que sus integrantes ya enviaron una carta a la gobernadora con esa petición.

Los asuntos que quedan pendientes

Al momento de la renuncia, la Comisión se encontraba en una etapa sustantiva de sus trabajos: ya había recibido el estudio encargado a la firma de consultoría Abexus Analytics y evaluaba un posible ajuste al salario mínimo para distintas categorías de empleados. Entre los temas sin resolver figuran el decreto especial para los trabajadores agrícolas, el salario base de quienes reciben propinas y el umbral salarial que clasifica a determinados empleados ejecutivos, administrativos y profesionales como exentos del pago de horas extra.

Ese umbral local se mantiene en $455 semanales, equivalentes a $23,660 anuales, mientras el umbral federal ordinario vigente en los estados es de $684 semanales o $35,568 anuales. En el caso agrícola, la ley ordenó aprobar el decreto especial en o antes del 1 de julio de 2022, un plazo que ya venció sin que el decreto se emitiera.

El debate salarial se da mientras el bolsillo de los trabajadores sigue bajo presión por el costo de vida, un frente en el que también se discute la propuesta de suspender el IVU a los alimentos preparados. Mediciones recientes del costo de alimentos en la región, como el informe sobre la canasta familiar, reflejan la misma preocupación por el poder de compra de las familias.

Qué hace falta para que la Comisión vuelva a decidir

La salida inmediata es que la gobernadora cubra las vacantes para restablecer el quórum de cinco miembros. Mientras eso no ocurra, cualquier aumento para los meseros, los trabajadores que reciben propina, los obreros agrícolas y los empleados exentos seguirá en pausa, sin fecha para retomarse.

Fuente: El Nuevo Día.