El juez federal Pedro Delgado concedió este viernes en San Juan la orden de emergencia solicitada por el Gobierno de Puerto Rico para obligar a New Fortress Energy (NFE) a brindar acceso a otras empresas a su terminal de gas natural licuado (LNG) de la bahía de San Juan, ante la expectativa de que el cargamento actual de combustible se agote este sábado, sin que exista una fecha cierta para la llegada del siguiente barco.

La orden del juez Delgado

«La carga que se impondría sobre NFE por los remedios limitados procurados por el demandante se queda muy corta del daño irreparable que se cierne una vez el (buque) Amur River agote su LNG mañana (sábado) a la 1:00 a.m.», estipuló Delgado. El tribunal concluyó que el Gobierno demostró una probabilidad sustancial de éxito en su reclamación de que se materializaron las circunstancias contractuales que obligan a NFE a suscribir los llamados acuerdos de peaje.

La determinación es el desarrollo nuevo del caso que el Gobierno llevó de nuevo al tribunal esta mañana, cuando pidió obligar a la empresa a abrir paso a otro suplidor ante los incumplimientos adicionales en las entregas.

Acuerdos de peaje y el plan alterno

Bajo los acuerdos de peaje incorporados a su contrato, NFE debe hacer disponible a un tercero su terminal en la bahía de San Juan —el único en la costa norte— cuando por algún motivo no puede suministrar el combustible, que se utiliza en las unidades 5 y 6 de la central termoeléctrica de San Juan, en las unidades temporales de esa instalación y en la central Palo Seco, en Toa Baja. Más temprano el viernes, la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO), en representación de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, había solicitado la orden de restricción temporal para que NFE entregara, dentro de 24 a 72 horas, la información técnica necesaria para que otra compañía pueda suplir el combustible a través del terminal.

El 3PPO recalcó en su moción que la naviera Crowley tiene la capacidad de entregar el combustible por camiones en un periodo de uno a tres días, y luego dar continuidad al suministro por medio de un barco que atraque frente al terminal, en un plazo de tres a 20 días. «No podemos permitir que nos prive de utilizar el muelle y, peor aún, nos esté sometiendo a un costo mucho más alto», dijo la gobernadora Jenniffer González, quien también pidió la intervención del Departamento de Energía de Estados Unidos.

El trasfondo: sin fecha para el próximo barco

La moción gubernamental se sostiene, en buena medida, en las expresiones de Zak Ahmed, gerente de NFEnergía —la filial de NFE que entrega el gas y opera el terminal—, quien reconoció el jueves en una vista de la Cámara de Representantes que no existe una fecha cierta para la llegada del buque que sustituya al Amur River, que ha servido de almacén flotante de LNG desde el 13 de octubre. El 3PPO planteó además que en lo que va de 2026 ya se superó el tope de $40 millones en penalidades que NFE debe pagar en un año cuando falla en entregar LNG y la flota de Genera PR se ve forzada a operar con combustibles más caros, como el diésel, y acusó a la empresa de «racionar» el gas para dilatar la activación de las cláusulas que admiten otro proveedor.

Una portavoz de NFE dijo el viernes que aún no se ha determinado cuándo podría materializarse la llegada del barco de relevo, en parte por la indisponibilidad, por reparaciones, del terminal de procesamiento de gas de la empresa en México. El portavoz de Genera PR, Iván Báez, sostuvo que tanto la unidad 5 como la 6 de la central San Juan están en condiciones de recibir el gas natural.

Fuente: El Nuevo Día, con información del Tribunal Federal de Puerto Rico.