Un tribunal militar del Líbano acusó este viernes a 13 personas que las autoridades vinculan con Hezbolá por el transporte de un camión cargado con 780 kilos de explosivos, interceptado a principios de mes en el retén de Dahr al-Baydar, en la carretera que une Beirut con el valle oriental de la Becá, según informó la agencia estatal libanesa.
El cargamento interceptado en la carretera a la Becá
Los cargos los presentó el juez Claude Ghanem, comisionado del Gobierno ante el tribunal militar, y abarcan delitos contra la seguridad interna del Estado, posesión de armas y explosivos y la formación de asociaciones ilegales, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. La prensa libanesa señala que el magistrado pidió penas de hasta diez años y que los artículos invocados abren la vía a remitir el expediente a la Corte de Justicia, cuyas sentencias no admiten apelación.
El camión fue detenido a principios de octubre en Dahr al-Baydar, el paso de montaña que cruza la principal vía entre la capital y la Becá. Según funcionarios judiciales, transportaba 780 kilos de explosivos, entre ellos 250 kilos de TNT y 250 kilos de C-4, un explosivo plástico de gran potencia. Dos personas fueron arrestadas en el momento de la incautación y siguen bajo custodia; las otras once fueron acusadas en ausencia y permanecen prófugas, y cinco de ellas solo han sido identificadas por apodos porque se desconoce su nombre real.
Semanas atrás, un diputado de Hezbolá ya había reconocido públicamente que el cargamento pertenecía a la organización. Ese reconocimiento convirtió un decomiso de carretera en un caso sobre el fondo del problema libanés: quién puede tener armas en el país, el mismo debate que atraviesa el rearme de Hezbolá con dinero de Irán en el sur del Líbano.
Hezbolá dice que el material era contra Israel y que no escalará
Hezbolá ha sostenido que los explosivos estaban destinados a usarse contra Israel, que sigue ocupando amplias zonas del sur del Líbano, y ha pedido a las autoridades que devuelvan el cargamento y liberen a los dos detenidos, calificando los cargos de injustos. «Los acusados no socavaron la seguridad ni la integridad del Estado, sino que se enfrentaron al enemigo israelí que amenaza la existencia del Líbano», declaró el diputado de la formación Hussein Hajj Hassan, que considera la acusación contraria a las normas más básicas del pacto nacional libanés y de la Carta de la ONU.
Los opositores políticos de Hezbolá temen que explosivos introducidos de contrabando puedan volverse contra los detractores del grupo dentro del país. Es una acusación que en el expediente conocido hasta ahora no tiene respaldo: los investigadores no han establecido que el cargamento incautado estuviera destinado a un atentado interno, según la información publicada este sábado.
Pese a la dureza de su reacción pública, la formación no parece buscar una escalada inmediata. Fuentes políticas citadas por el diario pro-Hezbolá Al-Akhbar y recogidas por la prensa libanesa aseguraron este sábado que el grupo decidió no escalar por los cargos y «dar una oportunidad a los contactos políticos» para resolver el caso. La acusación queda así, de momento, en el terreno judicial y en el de la negociación entre partidos.
Una prueba para el desarme y para la autoridad del Estado
El caso llega en el momento de mayor presión sobre Hezbolá en décadas. Tras dos guerras sucesivas con Israel en tres años, el Gobierno declaró ilegales en marzo las actividades militares del grupo, que durante décadas movió armas con libertad por partes del país. En junio, Líbano e Israel firmaron un acuerdo marco que preveía la retirada gradual israelí del sur, vinculada al desarme de Hezbolá y al despliegue del Ejército libanés en esa franja.
Hezbolá ha rechazado una y otra vez los llamados a entregar las armas, y su jefe, Naim Qassem, ha calificado el acuerdo con Israel de «nulo y sin efecto». El primer ministro, Nawaf Salam, ha prometido por su parte que las autoridades actuarán «con la firmeza necesaria» frente a cualquier arma fuera del marco legal, una línea que también se juega en el sur, donde los agricultores de Zibqin cosechan la aceituna entre tropas cercanas y bombardeos.
La próxima estación del caso puede ser política antes que judicial. El Consejo de Ministros se reúne el 5 de noviembre y el ministro de Justicia, Adel Nassar, quiere plantear en esa sesión que el expediente pase directamente a la Corte de Justicia, una decisión ya debatida el 22 de octubre y aplazada entonces. Por ahora, lo confirmado es concreto: hay 13 acusados, dos detenidos, once prófugos y 780 kilos de explosivos que ya no están en la carretera.
Fuente: AFP, 31 de octubre de 2026, Beirut (cargos del tribunal militar contra 13 personas vinculadas a Hezbolá por el camión con 780 kilos de explosivos interceptado en Dahr al-Baydar; datos de la Agencia Nacional de Noticias del Líbano y de funcionarios judiciales) y prensa libanesa del 31 de octubre (reacción de Hezbolá y decisión de no escalar; debate sobre la remisión a la Corte de Justicia y la reunión del Gobierno del 5 de noviembre). Foto: escena de un retén militar de montaña con un camión detenido en el Líbano (imagen original generada en la casa).