Agentes federales de inmigración se desplegaron en las últimas semanas por el Valle Central de California, una región agrícola de mayoría latina, y el operativo desató miedo en las comunidades y acusaciones de intimidación al votante en una de las carreras que podría decidir el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término del martes.
De un arresto al día a casi diez en Bakersfield
Según datos preliminares del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en Bakersfield los arrestos migratorios saltaron de alrededor de uno al día durante gran parte del año a casi 10 diarios a mediados de octubre. En Wasco, un pueblo de apenas 26,000 habitantes, ICE arrestó al menos a siete personas en pocos días. El sindicato United Farm Workers dice conocer cientos de jornaleros detenidos en las últimas semanas, y su vicepresidenta nacional, Elizabeth Strater, sostuvo que la gran mayoría no tenía antecedentes criminales y que algunos tenían autorización legal de trabajo. Como contamos en el caso del freno judicial a las políticas de asilo de menores, los tribunales se han convertido en el otro frente de esta ofensiva migratoria.
El despliegue, dirigido por la Casa Blanca según un funcionario estadounidense citado por Reuters, se anunció a los agentes a principios de octubre en un correo interno. A diferencia de los operativos urbanos con cientos de agentes armados, aquí los equipos son pequeños y se mueven de pueblo en pueblo, con arrestos frente a casas, en intersecciones concurridas, estacionamientos, gasolineras y cerca de escuelas.
La carrera del distrito 22, en el centro de la polémica
El distrito congresional 22 de California, que incluye a Bakersfield, es 73% latino. Allí el demócrata progresista Randy Villegas aventaja levemente en las encuestas al republicano incumbente David Valadao, de seis términos. Villegas calificó los arrestos como «un intento muy claro de intimidar a nuestras comunidades antes de esta elección». Valadao dijo entender «el miedo y la incertidumbre» de las familias y urgió a la administración Trump a «priorizar la remoción de individuos que representen una amenaza a la seguridad pública». El DHS declinó comentar las operaciones y no respondió a las acusaciones de intimidación.
El reportaje recoge el caso de dos hermanos mexicanos detenidos a finales de octubre mientras descargaban compras en un pueblo del condado Kern: los agentes buscaban a otra persona, según la petición judicial que impugna la detención como ilegal. La hermana, que llegó al país como menor no acompañada hace más de una década, es la única cuidadora de sus hijos de 3 y 11 años, cuyo padre murió este año. Ninguno de los dos tiene antecedentes criminales, según la petición.
Fuente: Reuters.